Su finalidad es la información, educación y defensa de los consumidores. Para la Información y defensa de los consumidores disponen de oficinas con servicios de asesoramiento jurídico especializado, financiados a través de las subvenciones del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia, que intentan solucionar los conflictos de consumo por medio de la mediación, o a través de los Tribunales de Justicia.